Uno de los acuerdos estrella de la coalición de Gobierno PSOE-UP ha sido, desde su origen, la aprobación de una nueva Ley Educativa, cuyo principal objetivo ha sido y es la derogación de la ley anterior (LOMCE) que tanta respuesta y contestación social tuvo en las aulas durante sus primeros años de vigencia, tanto por parte del estudiantado como del resto de la comunidad educativa.
La nueva Ley aprobada por el Senado (LOMLOE) podría parecer un avance en términos simbólicos por el mero hecho de haber derogado la Ley Educativa del Partido Popular pero, profundizando en el nuevo texto, se confirma que mantiene intactos los postulados en materia educativa del Régimen del 78 y continúa con la tendencia de las anteriores reformas educativas. La nueva Ley educativa, además, trae consigo dos elementos de indefinición y que marcarán la agenda educativa en los próximos cursos:
Por un lado, la transferencia de competencias en materia educativa a las Comunidades Autónomas conlleva una difuminación de los propios elementos incluidos en la ley, tanto en el tiempo de aplicación como en la concreción de elementos como el bilingüismo, que no acaban de definirse de forma tajante en la Ley Orgánica.
Por otro lado, la LOMLOE es la punta del iceberg de toda una reforma educativa general anunciada por el Gobierno, de la cual no se saben aún los detalles pero que, de forma segura, impactará también a las estudiantes de Formación Profesional y de Enseñanza Universitaria.
Algunas de las cuestiones clave de la nueva Ley Educativa son las siguientes:
- La ley no conlleva la modificación presupuestaria, el refuerzo de medios o la modificación efectiva de ratios del alumnado en relación al profesorado. Todo ello queda pendiente de las administraciones autonómicas, su capacidad financiera y voluntad política, lo que puede llevar a papel mojado aquellos elementos positivos que puedan contenerse.
- Los únicos dos cambios reales respecto a la educación concertada son la supresión de las subvenciones a los centros concertados que mantienen segregación por sexo del alumnado y la prohibición de regalar suelo público para el establecimiento de centros privados-concertados. Sin embargo, se mantienen intactas las opciones de establecimiento indiscriminado de conciertos y no se establecen límites en porcentajes de alumnos escolarizados en estos centros. Ni siquiera se afirma la voluntad del Estado por cubrir el máximo de oferta educativa pública.
- La ley afirma querer revertir las desigualdades educativas generadas en algunos centros, a consecuencia de la infrafinanciación de la LOMCE, especialmente en el ámbito rural pero todo ello queda sometido a la voluntad política y capacidad financiera de las CCAA por la falta de concreción del texto.
- No se incluyen asignaturas orientadas al pensamiento crítico en todos los cursos, tal y como demandaba la Comunidad Educativa, sino que se opta por una sola asignatura que aborde “temas esenciales” para el desarrollo personal (educación afectivo sexual, igualdad de género, etc…) durante unas pocas horas a lo largo del curso. Es pronto todavía para poder valorar los contenidos, pero teniendo en cuenta el papel que cumple la educación dentro del sistema productivo capitalista poco tendrá que ver con la generación de pensamiento crítico real entre el alumnado.
- Aunque se elimina la religión católica como materia evaluable, se mantiene la asignatura en horario lectivo.
- No se elimina la vía segregadora establecida por la LOMCE de la Formación Profesional Básica aunque se establece que quienes la cursen obtendrán el título de Graduado en la ESO, lo que es un elemento básico para poder acceder al Bachillerato y después a enseñanzas de FP media y superior. También se contemplan nuevos títulos de FP y se equipara en categoría laboral a los profesores de FP con los de Secundaria, pero no se avanza en la dignificación y puesta en valor de estas titulaciones, y se condicionan los nuevos títulos para adaptarlos al modelo productivo. Se trata de una defensa cerrada de los intereses de clase monopolistas y subsidiarios en el ámbito productivo, orientando la Formación Profesional hacia la satisfacción de los intereses empresariales, en vez de al refuerzo de sectores productivos que garanticen la soberanía.
- Se suprimen en la ESO y Bachillerato las conocidas “reválidas” de la LOMCE, como una de las reivindicaciones principales del movimiento estudiantil. Además, se descarta la repetición automática de curso pero, sin recursos de refuerzo suficientes, el resultado será papel mojado.
- La Ley establece una preferencia por la escolarización del alumnado con necesidades especiales en centros de educación integrados pero queda de nuevo condicionado a la viabilidad financiera y voluntad política de las CCAA. Los centros de educación especial no desaparecen y tampoco la nueva ley garantiza la no segregación ni la igualdad de oportunidades.
- Si bien se avanza en contemplar la educación infantil de 0 a 3 años como etapa educativa reglada, no se garantiza oferta educativa ni gratuidad en la etapa inicial y se deja a criterio autonómico el establecimiento de conciertos con entidades privadas para cubrir la demanda educativa existente, tanto en esta etapa como en la de 3 a 5 años.
Las sucesivas reformas educativas del Régimen durante todos estos años solamente caminan hacia la consolidación de un modelo educativo no universal ni accesible a las hijas de la clase trabajadora, avanzando en la elitización, segregación desde el inicio de la etapa educativa y fomentando la coexistencia de una educación pública cada vez más mermada en recursos, frente a la educación concertada y privada que materializa la mercantilización de un derecho fundamental. La Juventud Comunista, proponemos nuestros mínimos irrenunciables en materia educativa y así quedan recogidos en nuestro Programa Mínimo:
- La universalidad del acceso a la educación, asegurada mediante la gratuidad de todas sus etapas (también la de 0-3 años) y de un sistema de becas salario, además de la gratuidad de todos los recursos educativos y servicios necesarios para el acceso a la educación.
- Asegurar que la educación y su gratuidad sean de alcance integral. Que incluyan refuerzo extracurricular, seguimiento de estudiantes con necesidades específicas, educación musical, deportiva, artística etc.
- Una financiación y gestión de los centros 100% pública, con un nivel de gasto en el sistema educativo a partir del 7% del PIB.
- La elaboración de un plan de supresión de las redes privada y concertada, que contemple la expropiación y nacionalización de los recursos con los que cuentan los centros privados.
- La implantación de una educación crítica, científica, materialista, creativa, popular y positiva para el planeta y la vida en sociedad: democrática, laica, ecologista, solidaria, multicultural, feminista e inclusiva, así como plurilingüe. Asegurar estos elementos de forma integral en la educación, y no reduciéndolos a una asignatura concreta.
- La eliminación de las pruebas estatales de titulación o segregación del estudiantado de forma acompasada a la desaparición de la educación concertada y privada.
- Un plan centralizado educativo que no permita la descentralización de las competencias educativas garantizando así una educación pública para todas, que recoja todas las peculiaridades históricas y lingüísticas de cada territorio.
- La modificación curricular de la enseñanza secundaria, universitaria y de la FP para incluir la formación en el conocimiento de los derechos laborales existentes y conceptos básicos de organización sindical, legislación laboral y negociación colectiva desde una perspectiva de clase.
- La eliminación total del modelo actual de plurilingüismo de lengua extranjera en los planes de estudio de la educación pública, y garantía de la enseñanza gratuita de idiomas en la educación pública.
- La democratización de los órganos institucionales de toma de decisión tanto universitarios como Consejos Escolares en el caso de las EEMM y FP, con una representación real y representativa del estudiantado, así como el desarrollo de consultas a dicho estudiantado a la hora de las tomas de decisión
- La laboralización de las prácticas universitarias y de las de Formación Profesional, blindando su remuneración y fortaleciendo su carácter formativo mediante la ligazón de la actividad en el centro de trabajo con las materias estudiadas.
- La dignificación de la Formación Profesional, de las titulaciones de grado medio y superior y la eliminación de las FP Duales. Suprimir la mercantilización de la oferta educativa universitaria y de FP y orientarla hacia la reproducción de conocimientos y el establecimiento de un modelo productivo soberano.
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